El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico respalda el Proyecto del Senado 145 y exhorta a la gobernadora Jennifer González a firmarlo para proteger la salud bucal de los adultos mayores.
San Juan, Puerto Rico
La salud oral de los adultos mayores podría estar a punto de recibir un respaldo legislativo importante. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) expresó su firme apoyo al Proyecto del Senado 145, una medida que obligaría a todos los centros de cuidado prolongado a realizar un examen dental a cada nuevo residente dentro de los primeros 60 días de su ingreso y a mantener una evaluación bucal anual certificada por un dentista autorizado.
La presidenta del CCDPR, la doctora Ivette Rodríguez, subrayó la urgencia de convertir esta medida en ley para atender una problemática que ha pasado desapercibida durante años. “Esta legislación reconoce que la salud oral es un componente esencial del bienestar integral de nuestros adultos mayores”, afirmó.
Según explicó Rodríguez, el proyecto —presentado por la senadora Wandi Soto en colaboración con el CCDPR— responde a hallazgos clínicos preocupantes. “Hemos identificado decenas de personas mayores con enfermedades en la boca, incluyendo casos de cáncer oral, condiciones que muchas veces pasan inadvertidas por la falta de seguimiento regular”.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Representantes, enmendaría la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada para que los hogares de ancianos, asilos y centros similares documenten los exámenes orales en los expedientes clínicos de cada paciente. Esta revisión inicial debe realizarse con un máximo de 60 días de retroactividad desde la fecha de ingreso, con revisiones anuales posteriores.
Además, la medida contempla la participación del Departamento de la Familia y del CCDPR en la creación de protocolos y mecanismos logísticos que aseguren el cumplimiento de la nueva política pública. Entre las opciones que se barajan figuran clínicas gratuitas, visitas a domicilio y otras estrategias que faciliten el acceso a servicios dentales a residentes con movilidad reducida.
Para las instituciones, cumplir con esta normativa será requisito obligatorio tanto para obtener como para renovar sus licencias de operación. No obstante, la ley también deja claro que el cumplimiento de estos requisitos no afectará el ingreso o la permanencia de ningún residente en dichas instituciones.
El CCDPR instó a la gobernadora Jennifer González a convertir esta medida en ley lo antes posible. “Es un paso esencial para garantizar la dignidad, la salud y la calidad de vida de nuestras personas mayores”, concluyó Rodríguez.
